El falso pacto de Paz, Gaza entre el negocio y la ocupación.

¿Por qué se sigue tratando a los gazatíes como si fueran menores de edad en materia de gobernanza? Esta postura revela un claro paternalismo internacional que, en lugar de reconocer la capacidad de autodeterminación de un pueblo, la pisotea. La administración de la Franja de Gaza, presentada como un tablero de negociación en manos de Trump y sus aliados, es vista por muchos más como un escenario especulativo para intereses empresariales que como un verdadero proyecto de paz. Surge entonces la pregunta esencial: ¿qué puntos del derecho internacional se estarían vulnerando con este plan? Para comprender la magnitud de este debate, conviene recordar qué define a un Estado y cómo esas condiciones se aplican —o se niegan— al pueblo palestino. En el mundo y en el derecho internacional se han definido una serie de características que determinan la existencia tácita de una nación o Estado: su “registro mercantil” en el concierto internacional, su “cédula de ciudadanía” en la geopolítica, su “mayoría de edad” si se nos antoja una figura metafórica. La Convención de Montevideo de 1933 lo sintetiza en cuatro elementos básicos: población permanente, territorio definido, gobierno y capacidad de relacionarse con otros Estados. Gaza cumple con estos requisitos, aunque de manera fragmentada y bajo condiciones extremas: • Población permanente: más de dos millones de palestinos resisten en un espacio sitiado, aferrados a una identidad nacional negada pero no extinguida. • Territorio definido: desde la Resolución 181 de la ONU (1947), la comunidad internacional reconoció un espacio palestino, aunque nunca se garantizó su materialización efectiva. • Gobierno: en Cisjordania la Autoridad Palestina; en Gaza, Hamás. Sin embargo, el control de Israel atraviesa cada grieta de soberanía. • Relaciones internacionales: pese al bloqueo, Palestina ha levantado una red diplomática, un hilo de dignidad tendido al mundo. Otros atributos, como la soberanía, la legalidad y el monopolio de la fuerza, permanecen cooptados. Palestina posee pasaportes, leyes básicas y representación exterior, pero carece del pleno ejercicio de su soberanía. En términos jurídicos y simbólicos, Palestina es un Estado adolescente: con documentos de identidad, pero a quien se le niega ejercer la mayoría de edad. Con esta base jurídica y política en mente, resulta inevitable confrontar las propuestas presentadas como plan de paz, cuyo trasfondo revela más imposiciones que soluciones. Es conveniente señalar que no siempre las propuestas de paz están pensadas en escenarios de equidad, y este es tal vez el mejor ejemplo de esa situación. El plan de Trump, presentado como “acuerdo del siglo”, no parte de la justicia ni de la igualdad, sino de la consolidación del poder israelí y de intereses privados disfrazados de humanitarismo. De sus veinte puntos, varios revelan más imposiciones que acuerdos: • Gaza es descrita como un enclave radicalizado, negando su derecho a existir como actor político legítimo. • La reconstrucción de la Franja aparece subordinada a manos extranjeras, alimentando sospechas de que se trata más de un negocio inmobiliario que de una reparación humanitaria. • La liberación de rehenes, aunque humanitaria, deja a Hamás sin margen de negociación y coloca todo avance en manos de Israel, un actor con historial de incumplimientos. • La amnistía a combatientes palestinos, sin garantías de seguridad, puede convertirse en una trampa mortal, y aquí en Colombia ya lo hemos vivido. • El silencio sobre quién coordinará la ayuda humanitaria —cuando debería ser Naciones Unidas— abre la puerta a empresas privadas sin responsabilidad internacional. • La propuesta de un gobierno palestino “apolítico” es un sinsentido: todo gobierno lo es por naturaleza. Este punto desnuda la visión paternalista que niega la capacidad de autogobierno palestina. • La supervisión personal de Trump y la creación de zonas económicas especiales bajo control internacional refuerzan un carácter neocolonial evidente. • El borrado de Hamás y otras facciones de cualquier escenario político equivale a una rendición sin condiciones que difícilmente será aceptada. • La verificación de la desmilitarización a través de observadores “independientes” en lugar de la ONU mina la credibilidad del proceso. • Finalmente, algunos puntos se leen como advertencias mafiosas: “haz lo que digo o atente a las consecuencias”. En conjunto, el plan no es un pacto de paz, sino un pliego de condiciones. Israel recibe garantías tangibles; los palestinos, promesas difusas. En este escenario de desequilibrio y sospechas, la voz de la comunidad internacional y de la ciudadanía global no puede callar: debemos señalar las falencias y exigir caminos reales hacia la justicia. Nos corresponde ahora a todos hacer visible el sufrimiento de este pueblo hermano, compartir y apoyar toda denuncia de violación de derechos humanos, así como respaldar de manera irrestricta las acciones humanitarias en favor de Palestina: desde el apoyo a la Flotilla Global Sumud hasta la defensa de la solución política de dos Estados, con las fronteras previas a 1967 como lo reconoce el derecho internacional. Gaza no es un menor de edad: es un pueblo con historia, con voz y con derecho a decidir su futuro. Abramos el espacio del debate y la palabra: que no se nos silencie la voz cuando aún resuena el clamor de Gaza. Los leo en los comentarios. Junto a ustedes y en pie de lucha, soy Juan José García.